Los Estados Unidos no tiene un problema de gastos excesivos; tiene un problema de ingresos insuficientes. Los recortes tributarios establecidos por los republicanos para beneficio de los ricos han reducido los ingresos y elevado la deuda nacional. A pesar de esto, los republicanos insisten en reducir aún más programas sociales esenciales, lo que dañaría a millones de estadounidenses y haría poco para restaurar el equilibrio fiscal del país.
Los Estados Unidos debe disminuir el déficit, pero no a expensas de los trabajadores estadunidenses. El déficit podría y debería reducirse eliminando las lagunas fiscales que favorecen a los más ricos y persiguiendo a evasores de impuestos, tanto individuos de alto patrimonio como grandes corporaciones--medios que requieren mantener el financiamiento del Servicio de Rentas Internas (IRS por sus siglas en inglés). El próximo año presenta una oportunidad crítica para que el Congreso encamine al país hacia una senda fiscal adecuada, permitiendo que caduquen ciertas disposiciones de la reforma tributaria republicana de 2017.
El Incremento en los Niveles de Deuda se Debe a los Recortes Fiscales Republicanos para los Ricos, y no al Aumento del Gasto de Inversión en las Familias Estadounidenses
La deuda está aumentando a largo plazo debido a los recortes fiscales para los ricos
Durante la mayor parte del siglo XX, Estados Unidos no tuvo superávits presupuestarios. Pequeños déficits coincidieron con un fuerte crecimiento económico, lo que permitió que la magnitud de la deuda se redujera del 106% del producto interno bruto (PIB) al final de la Segunda Guerra Mundial a aproximadamente el 30% para el final de la administración Clinton. La relación de deuda-PIB comenzó a crecer en los años 2000 tras la aprobación de la Ley de Reconciliación de Crecimiento Económico y Desgravación Fiscal bajo la administración de George W. Bush. Aunque contenía recortes fiscales para personas de todos los niveles de ingresos, sus beneficios se dirigieron en gran medida al 20% de los contribuyentes más ricos.
En 2012, cuando los recortes fiscales de Bush estaban programados a expirar, la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) estimó que con su expiración los ingresos del gobierno superarían los gastos cada año por al menos los próximos 75 años. En cambio, el Congreso extendió los recortes fiscales de Bush, aumentando dramáticamente la magnitud de la deuda. En 2017, el presidente Trump impulsó una nueva ronda de cortes fiscales partidistas, la Ley de Empleos y Reducción de Impuestos (TCJA, por sus siglas en ingles), beneficiando en gran medida a los contribuyentes más ricos. Para cuando el presidente Biden asumió el cargo en 2021, la deuda en manos del público[1] ya superaba el 98% del PIB.
La CBO proyecta un aumento continuo de la deuda nacional. También se espera que la deuda federal en manos del público sea del 99% del PIB al final del año fiscal 2024 y se prevé que aumente como proporción del PIB en los próximos 30 años hasta alcanzar el 172% en 2054. Esta trayectoria es el resultado de repetidas ventajas fiscales, implementadas por los republicanos, que han favorecido a los ricos.
Bajos ingresos, no altos gastos, han impulsado los incrementos de deuda
Los recortes fiscales de Bush y Trump aumentaron los déficits al disminuir el ingreso neto a largo plazo. Un análisis encontró que los recortes fiscales de Bush y Trump son responsables por la totalidad de la brecha fiscal (lo que es el aumento en la deuda más allá de lo necesario para mantener una relación deuda-PIB estable). Según la Oficina de Administración y Presupuesto, los ingresos eran el 20.0% del PIB en 2000. Sin embargo, en 2019, habían caído al 16.4% del PIB.
Los crecientes déficits y la caída de ingresos han escondido el hecho de que el gasto proyectado ya está más bajo de lo estimado anteriormente. El gasto federal proyectado para el próximo medio siglo es del 1% al 2% del PIB más bajo en comparación con las estimaciones hechas a principios de la década del 2010, resultado en gran medida por ahorros en los gastos en salud. Gran parte de esos ahorros se deben a ciertas disposiciones de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio.
Los gastos fiscales adicionales que resultaron de la implementación de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica en Respuesta al Coronavirus (CARES, por sus siglas en inglés) y la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARP, por sus siglas en inglés) durante la pandemia de COVID-19, tuvieron poco efecto en la trayectoria de la deuda a largo plazo. Estas leyes solo aumentaron el gasto del gobierno temporalmente y, en última instancia, no serán un catalizador de la deuda en el futuro.
Los recortes al gasto discrecional no relacionado con la defensa no estabilizaran la deuda, ni equilibraran el presupuesto
La mayoría de las discusiones sobre la deuda nacional tienen lugar durante el proceso anual de asignaciones lo que cubre solo una pequeña parte del gasto federal. De hecho, estos programas solo representaron el 14% del gasto federal total en el año fiscal 2023. La mayor parte del gasto gubernamental es en programas de salud como Medicare y Medicaid, el Seguro Social, y la defensa nacional. Un análisis reciente del Comité por un Presupuesto Federal Responsable encontró que sería imposible equilibrar el presupuesto solo mediante recortes al gasto discrecional no relacionado con la defensa, y que propuestas para aumentar los ingresos deben ser parte de cualquier plan para estabilizar la deuda.
Estabilizar el nivel de deuda debería ser un objetivo a largo plazo
La relación deuda-PIB es la forma más adecuada para medir la deuda nacional, ya que mide no solo el nivel nominal de deuda, sino también la capacidad de pagar la deuda basada en el tamaño de la economía de EE.UU. Aunque es importante monitorear el nivel nominal de deuda, estabilizar el nivel de deuda cerrando la brecha fiscal es un objetivo más realista. Esto aseguraría que los Estados Unidos mantenga una carga de deuda estable a largo plazo sin requerir recortes de gastos o aumentos de impuestos punitivos que acompañan equilibrar el presupuesto.
Asegurar que los ricos paguen su parte justa aumentará los ingresos
Las medidas fiscales enfocadas a los más ricos recaudarían mayores ingresos
Varias medidas fiscales propuestas por el presidente Biden y los demócratas en el Congreso recaudarían ingresos significativos y mejorarían la trayectoria fiscal del país. El presupuesto del presidente Biden para el año fiscal 2025 reduciría el déficit en casi 3 billones de dólares en una década y disminuiría los riesgos fiscales a largo plazo. Estas propuestas fiscales ayudarían a igualar el tratamiento de diferentes contribuyentes y tipos de ingresos, asegurando que los individuos adinerados y las corporaciones paguen su parte justa.
Las propuestas incluyen establecer un impuesto mínimo a los billonarios y restaurar la tasa máxima del impuesto de la renta que aplicaría a los individuos más ricos. Los individuos adinerados a menudo pagan tasas impositivas más bajas porque ganan dinero de maneras distintas (algunas de las cuales están sujetas a tasas de impuestos muy bajas o no pagan impuestos). Debido a esto, pueden tomar ventaja de lagunas fiscales y utilizar estrategias de impuestos sofisticadas. Un impuesto mínimo a los billonarios aseguraría que el 0.01% más rico de los estadounidenses pague una tasa impositiva de al menos 25%, muy por encima del 8% de tasa impositiva promedio que muchos de ellos pagan actualmente y más en línea con la tasa promedio de impuestos federales.
Además, restaurar el tipo impositivo máximo sobre la renta del 37% al 39.6% aseguraría que aquellos con más de $400,000 en ingresos tributables paguen su parte justa, revirtiendo el cambio realizado por la TCJA y recaudando $246 mil millones en ingresos durante los próximos 10 años.
Los demócratas también han propuesto cambios fiscales que asegurarían que las corporaciones paguen su parte justa al elevar el tipo impositivo corporativo y alinear al país con el acuerdo del impuesto mínimo global. El presidente Trump y los republicanos en el Congreso redujeron el tipo impositivo corporativo del 35% al 21%—lo que efectivamente puso la tasa impositiva en menos del 8% después de tener en cuenta los créditos fiscales, lagunas legales y otros beneficios—como parte de la TCJA en 2017. Elevar el tipo impositivo corporativo al 28% recaudaría $1.3 billones durante una década.
Además, adoptar el impuesto mínimo global haría más difícil que las multinacionales evadan impuestos en EE.UU. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico estimó recientemente que el impuesto mínimo global recaudaría entre $155 mil millones y $192 mil millones cada año—nada de lo que se dirigiría actualmente al gobierno de EE.UU. Estas medidas orientarían la trayectoria estadounidense hacia sus metas de ingreso público, las que tienen base en el impuesto mínimo alternativo corporativo incluido en la Ley de Reducción e Inflación (IRA), que exige que las corporaciones con más de mil millones de dólares en ingresos declarados paguen una tasa de al menos 15% y que el presidente Biden ha propuesto elevar al 21% como parte de su presupuesto para el año fiscal 2025. Este impuesto mínimo se aplicaría a aproximadamente 150 grandes empresas y se proyecta que recaudará más de $200 mil millones durante los próximos 10 años.
Limitar los gastos fiscales y las lagunas legales para los ricos aumentaría los ingresos
El código fiscal de EE.UU. incluye una serie de gastos fiscales donde la ley reduce la tasa impositiva para ciertos tipos de ingresos o permite que los contribuyentes deduzcan ciertas cosas de lo que se cuenta como ingreso imponible. Varias de estas extensiones fiscales benefician principalmente a los contribuyentes ricos, valorando en gran medida la riqueza por encima del trabajo y permitiendo que estadounidenses adinerados paguen menores impuestos que las familias promedio aprovechando lagunas legales y excepciones. Limitar estos gastos fiscales que benefician principalmente a los ricos, como los tipos impositivos más bajos para las ganancias de capital y los dividendos, aumentaría los ingresos públicos y reduciría el déficit.
Por ejemplo, los ingresos obtenidos con las ganancias de capital (por la venta de acciones o bonos) o de dividendos se gravan a una tasa más baja que los ingresos obtenidos con el trabajo. Se estima que este tratamiento preferencial le costó a Estados Unidos $265 mil millones solo en 2023, gran parte del cual se dirigió a personas ricas que poseen la mayoría de las acciones. Gravar las ganancias de capital a la misma tasa que los ingresos por salario igualaría el tratamiento fiscal de diferentes tipos de ingresos y recaudaría ingresos significativos.
Otra laguna legal conocida como el "reajuste del costo de compra" permite a las familias ricas proteger sus ganancias de inversión de ser alguna vez gravadas. Esta laguna permite que, en el momento de la venta de un activo heredado, como una acción, un bono o bienes raíces, el impuesto aplicado a la ganancia calculado usando la diferencia entre el precio de cuando se herede y el precio en el momento de la venta. Esto permite que las familias puedan ahorrarse el pago de impuestos sobre la plusvalía cuando pasan sus activos a sus herederos al morir, evitando así pagar impuestos de más--lo que no sería posible si el propietario original los hubiera vendido. Cerrar esta laguna legal significaría que el nuevo receptor de un activo pague impuestos sobre su valor aumentado, justo como si se vendiera en el mercado abierto.
Finalmente, el Congreso debería cerrar la laguna legal de interés de participación, la cual permite a los gestores de fondos de cobertura, capital privado y bienes raíces traten parte de sus ingresos como ingresos por inversión para pagar un tipo impositivo más bajo o posponer el pago de impuestos indefinidamente. Cerrar esta laguna legal obligaría a estos individuos adinerados a pagar su parte justa, al pagar la misma tasa impositiva que otros pagan por sobre su salario, lo cual generaría más de $60 mil millones en ingresos durante 10 años.
El IRS ya utiliza fondos de la Ley de Reducción de Inflación para aumentar los ingresos
El IRS ya está utilizando fondos de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) para realizar mejoras significativas e intensificar la aplicación de impuestos a individuos ricos, grandes corporaciones y sociedades anónimas. La agencia se está concentrando en la aplicación de la ley sobre contribuyentes de altos ingresos y gran patrimonio y ha recaudado $520 millones de individuos que tienen más de $1 millón en ingresos y más de $250,000 en deudas fiscales pendientes. El IRS también está examinando detenidamente 75 de las sociedades comerciales más grandes por posibles incumplimientos fiscales. Antes de la IRA, las auditorías a los contribuyentes más ricos habían caído a mínimos históricos tras años de recortes en el presupuesto del IRS.
Mantener un financiamiento adecuado para la ejecución y modernización del IRS también ayudaría a cerrar la brecha tributaria—la diferencia entre los impuestos adeudados y los ingresos recaudados cada año—estimada a $688 mil millones en el año fiscal 2021. El Departamento del Tesoro recientemente estimó que la inversión original de $80 mil millones de la IRA en el IRS aumentaría los ingresos públicos en $561 mil millones por 10 años. Desafortunadamente, los republicanos en el Congreso posteriormente recortaron $21.4 mil millones de los fondos del IRS como parte de la Ley de Responsabilidad Fiscal, lo que se estima reducirá los ingresos en $44 mil millones y aumentará el déficit en $24 mil millones durante diez años. Ese costo probablemente sea una subestimación, ya que el estudio del Tesoro vinculado arriba y otras investigaciones han encontrado impactos aún mayores por cada dólar de financiamiento del IRS. La IRS todavía puede invertir los fondos plurianuales de la IRA y progresar hacia la modernización de la agencia y la mejoría en la aplicación de impuestos, pero los republicanos continúan amenazando a la agencia con más recortes presupuestarios.
Conclusión
Reducir el déficit mediante recortes de gastos impopulares e inviables no es un buen camino para reducir la deuda. Estados Unidos debe adoptar un enfoque más equilibrado que incluya forzar a los estadounidenses más ricos y las compañías más grandes a pagar su parte justa. Una política fiscal inteligente permitirá al gobierno federal estabilizar la deuda nacional sin recurrir a recortes de gastos punitivos sobre las familias estadounidenses en el futuro.
[1] Hay dos formas principales para medir la deuda nacional: la deuda total, que incluye la deuda intergubernamental (como activos especiales del Tesoro que reflejan superávits pasados en los fondos fiduciarios del Seguro Social y Medicaid), y la deuda en manos del público, que solo cuenta la deuda apalabrada a entidades fuera del gobierno federal. Dado que la deuda total incluye dinero debido de una parte del gobierno a otra, la deuda en manos del público es una mejor medida del endeudamiento total de los Estados Unidos.
