Puerto Rico está retomando el camino hacia el crecimiento a pesar de los desafíos de las últimas dos décadas. Ahora hay una oportunidad para mantener e impulsar ese crecimiento a través de inversiones a gran escala en infraestructura crítica. El Congreso de los Estados Unidos ha destinado 12 mil millones de dólares en fondos de ayuda para reconstruir el sistema energético de Puerto Rico, incluyendo la modernización de la red eléctrica, en respuesta a la destrucción causada por múltiples desastres naturales. Estos fondos ofrecen una oportunidad para invertir en una red moderna que facilite la transmisión y distribución de energía renovable, así como en infraestructura de generación renovable. Un sistema energético más resistente que utilice fuentes más limpias y producidas localmente protegerá la salud y el bienestar de las comunidades, y proporcionará una base sólida sobre la cual Puerto Rico puede construir un crecimiento económico más fuerte y equitativo. 

Después de 40 Años de Crecimiento, Puerto Rico Ha Enfrentado Desafíos en las Últimas Décadas  

Puerto Rico fue líder en crecimiento económico desde los años 50 hasta los 90. 

La economía puertorriqueña sostuvo un récord de crecimiento sólido desde los años 50. El crecimiento inicial se ha atribuido a múltiples fuentes, incluyendo la inversión federal planeada localmente en infraestructura de la época del New Deal, un enfoque hacia presas hidroeléctricas para la producción de energía doméstica y el acceso rural a la energía, y un esfuerzo controvertido para atraer manufactura a la isla.  

Cambios en el comercio global y en la legislación fiscal de los Estados Unidos desaceleraron el crecimiento de Puerto Rico.  

La introducción de nuevos acuerdos de libre comercio en los años 90 resultó en mayor competencia internacional para las manufacturas estadounidenses que a menudo se dirigían a Puerto Rico. Esto, y el fin de los incentivos fiscales, hicieron que esta industria comenzara a salir de la isla. El producto interno bruto (PIB) de la isla sigue dependiendo del sector manufacturero, especialmente en productos y dispositivos médicos además de la emergente industria aeroespacial. Mientras tanto, a partir de 2019, las industrias más grandes en términos de empleo fueron el comercio minorista, la atención médica y la asistencia social, los servicios de alimentos y alojamiento, y los servicios profesionales, científicos y técnicos. Las pequeñas empresas son importantes empleadores en la isla, con la mitad de los trabajadores de la isla contratados por empresas de menos de 100 empleados, según datos de 2019.  

Los altos costos de la energía han hecho más difícil el crecimiento de la economía. 

Las principales industrias de Puerto Rico requieren electricidad constante y accesible para operar eficazmente. Sin embargo, el precio del consumo de energía en la isla supera con creces al de cualquier estado de los Estados Unidos fuera de Hawái y Alaska. La red depende principalmente de combustibles fósiles, los cuales la isla debe importar, aumentando aún más los costos de electricidad. La infraestructura de energía renovable puede facilitar la producción de energía doméstica y podría reducir los precios a largo plazo, apoyando la industria actual, impulsando el crecimiento de las pequeñas empresas y diversificando la economía.  

Mientras el crecimiento se estancaba, la deuda pública fue usada para cubrir costos de entidades gubernamentales. 

Complicando aún más las perspectivas de crecimiento fue el comienzo del fuerte aumento de la deuda pública después de mediados de los años 90. Inversionistas extranjeros tomaron ventaja de las lagunas legales que eliminaron algunas restricciones de endeudamiento del gobierno, mientras que los bancos e inversionistas impulsaron acuerdos que aumentaron la deuda de Puerto Rico mientras les generaban grandes ganancias. Las agencias de calificación crediticia también mantuvieron calificaciones de crédito de grado de inversión para Puerto Rico, lo que ayudó a sostener la demanda de los inversionistas por la deuda a pesar de la recesión en la isla. Más tarde, cuando las agencias de calificación redujeron la calificación de deuda de la isla, firmas “buitre” explotaron la difícil situación de la isla, prestando a Puerto Rico solo los fondos necesarios para cubrir obligaciones anteriores a tasas de interés extremadamente altas. Esto incrementó aún más la carga de deuda, generando más presión fiscal culminando cuando el gobernador declaró la deuda “impagable” en 2015.  

En 2016, el gobierno federal creó la Junta de Supervisión y Administración Financiera (FOMB, por sus siglas en inglés) para gestionar la reestructuración de la deuda de Puerto Rico. Esta entidad no tiene supervisión directa del gobierno federal y puede establecer un presupuesto para Puerto Rico, incluso cuando la legislatura puertorriqueña no esté de acuerdo con él.  

La crisis de deuda podría aumentar los costos de energía y arriesgar el crecimiento de la economía.  

Puerto Rico salió formalmente de la bancarrota en marzo de 2022, pero aún quedan pendientes más de $9 mil millones apalabrados por la compañía de servicios eléctricos “PREPA”, o “AEE” en español. El plan de reestructuración de la deuda de PREPA por parte de la FOMB determinará la cantidad adicional que los clientes pagarán en su factura de electricidad cada mes para reembolsar a los tenedores de deuda externos. Algunas organizaciones están preocupadas de que los precios en la reciente propuesta sean demasiado altos para permitir un crecimiento. 

Daños al Sistema Energético Han Impedido el Crecimiento de la Economía   

Mientras Puerto Rico abordaba la crisis de la deuda, se enfrentó a múltiples desastres naturales que destruyeron su infraestructura crítica.  

En 2017, los huracanes María e Irma golpearon Puerto Rico, causando daños estimados en $90 mil millones. La administración de Trump también atrasó los fondos de emergencia y el financiamiento para las reparaciones de la infraestructura. Un estudio de Harvard estima que 4,645 personas murieron en los meses siguientes, en gran parte debido a la falta de reparaciones críticas de infraestructura y acceso a electricidad para dispositivos médicos. Otro estudio, que estima 2,975 fallecidos después de los huracanes, encontró que los residentes de la tercera edad o de bajos ingresos fueron los más vulnerables tras los desastres. A principios de 2020, un sismo de magnitud 6.4 dejó a dos tercios de la isla sin energía. Con réplicas que continuaron hasta el verano, los eventos dañaron la red y dos importantes plantas de energía.  

En respuesta a estos desastres, el Congreso asignó aproximadamente $12 mil millones para modernizar la red y apoyar la infraestructura energética de Puerto Rico, pero aún no ha resultado en cambios integrales en el sistema. Mientras la isla confronta dificultades en acceder a capital privado, estos fondos pueden servir como inversión inicial en un sistema basado en energías renovables. Esto también se alinea con la ley puertorriqueña, que requiere que la isla alcance una dependencia del 100% en energía renovable para 2050. Además, un informe del Comité Económico Conjunto (JEC por sus siglas en inglés) de 2018 destacó que la transición a energía renovable reduciría los precios de la energía y crearía una vía hacia un mayor crecimiento. Tal infraestructura también puede asegurar que las comunidades vulnerables, cuya salud depende del acceso a la electricidad, no se encuentren sin energía. 

Conclusión  

El financiamiento federal está disponible para apoyar a Puerto Rico en la reconstrucción de su sistema energético. Al desbloquear estos fondos y asegurar que se dirijan hacia un nuevo sistema basado en energía renovable, el gobierno federal puede ayudar a Puerto Rico a convertirse en líder de la transición a la energía renovable. Un fuerte crecimiento en este sector ofrece la oportunidad de construir más empresas puertorriqueñas de energía renovable, iniciar un crecimiento del empleo que priorice la contratación de puertorriqueños, proteger el bienestar de las comunidades locales y ayudar a asegurar una nueva vía hacia el progreso económico.